Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global

La Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global es la norma que organiza la política climática de Argentina. Su artículo 1 fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático. Fue sancionada el 20 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial el 20 de diciembre de 2019 y reglamentada por el Decreto 1030/2020.

Lo que conviene tener claro desde el principio: la Ley 27.520 es una ley de gobernanza climática, no una ley de reporte corporativo. Ordena qué tiene que hacer el Estado, no obliga a una empresa privada a calcular ni a declarar sus emisiones.

Qué es una ley de presupuestos mínimos

El artículo 41 de la Constitución Nacional reparte la competencia ambiental: la Nación dicta las normas que contienen los presupuestos mínimos de protección y las provincias las complementan, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. La Ley 27.520 pertenece a esa familia, igual que la Ley 25.675 General del Ambiente.

La consecuencia práctica para una empresa con plantas en varias provincias es directa: el piso lo pone la Nación y el detalle exigible, con sus permisos, sus inspecciones y sus plazos, lo pone cada provincia.

Los instrumentos que crea la ley

• Gabinete Nacional de Cambio Climático (artículo 7): el ámbito interministerial, presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros, que coordina la política climática entre áreas de gobierno. Es donde se aprueban el plan nacional y las contribuciones del país.
• Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (artículo 16): el instrumento central de la política climática, con medidas de adaptación y mitigación y sus metas. La ley fija una actualización con una periodicidad máxima de cinco años.
• Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (artículo 17): el sistema que ordena la información climática del país y da robustez y transparencia al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
• Consejo Asesor Externo: un órgano consultivo y permanente que asiste al Gabinete Nacional.
• Planes de respuesta provinciales: cada jurisdicción elabora el suyo, con sus propias metas y medidas, articulado con el plan nacional.

La autoridad de aplicación nacional es el organismo ambiental del Poder Ejecutivo. Hoy esa función está en la Subsecretaría de Ambiente, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y es la que coordina técnicamente el Gabinete Nacional de Cambio Climático.

El plan nacional vigente

El segundo Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2022-2030 fue aprobado por la Resolución 146/2023 del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicada el 24 de abril de 2023, tras su aprobación por el Gabinete Nacional el 1 de noviembre de 2022. Es el documento donde están las medidas sectoriales del país y, dentro de él, la Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono.

Qué implica la Ley 27.520 para una empresa

La ley no crea un registro de emisiones para empresas ni un umbral de reporte. Argentina no tiene, a día de hoy, un equivalente al Registro Nacional de Emisiones de México. Lo que sí genera son cuatro efectos concretos:

1. Marco para los proyectos de mitigación. La estrategia de mercados de carbono se apoya en el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi), creado por la Resolución 363/2021, donde se inscriben los proyectos de reducción de emisiones. Una empresa que quiera generar créditos de carbono en el país pasa por ahí, y las transferencias internacionales bajo el artículo 6 del Acuerdo de París requieren autorización del Gobierno nacional.
2. Bajada sectorial y provincial. Las medidas del plan nacional y de los planes de respuesta provinciales se traducen en normativa sectorial, condiciones de habilitación y programas de eficiencia que sí llegan a la planta.
3. Trazabilidad de la meta país. La contribución nacional se mide contra el inventario nacional, que se construye con estadísticas sectoriales. Cuanto más se aprieta la meta, más presión hay sobre los sectores intensivos en energía.
4. Efecto reflejo del mercado. Bancos, inversores y clientes internacionales piden datos de emisiones aunque la ley no los exija. Esa es hoy la razón principal por la que una empresa argentina mide su huella de carbono.

Qué no hace esta ley

Conviene decirlo con claridad para no confundir a nadie:

Preguntas frecuentes

¿La Ley 27.520 obliga a las empresas a reportar sus emisiones?

No. La ley organiza la política climática del Estado y no establece obligaciones de medición ni de reporte de emisiones para el sector privado. Las obligaciones ambientales que sí alcanzan a una empresa vienen de la Ley 25.675, de la normativa sectorial de residuos, efluentes y emisiones, y de los permisos provinciales.

¿Está reglamentada la Ley 27.520?

Sí, por el Decreto 1030/2020, publicado en diciembre de 2020, que desarrolla el funcionamiento del Gabinete Nacional de Cambio Climático y de los instrumentos previstos en la ley.

¿Cada cuánto se actualiza el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación?

La ley fija una periodicidad máxima de cinco años para su actualización. El plan vigente es el segundo, aprobado por la Resolución 146/2023 para el período 2022-2030.

¿Qué relación tiene con el Acuerdo de París?

La ley es el vehículo interno con el que Argentina organiza el cumplimiento de sus compromisos ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las contribuciones determinadas a nivel nacional se acuerdan en el ámbito del Gabinete Nacional creado por esta ley.

Si tu empresa opera en Argentina y necesita medir emisiones con datos trazables hasta el documento de origen, aunque la ley todavía no te lo exija, empieza por la solución de huella de carbono.