La reducción de emisiones abarca el conjunto de medidas y acciones dirigidas a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que se liberan a la atmósfera. Es el pilar de cualquier estrategia climática creíble: a diferencia de la compensación, que neutraliza emisiones invirtiendo en proyectos externos, la reducción actúa directamente sobre las fuentes que las generan.
La buena práctica internacional sigue un orden de prioridad conocido como jerarquía de mitigación:
Este orden es el que aplican marcos como los objetivos basados en la ciencia (SBTi), que exigen reducir el grueso de las emisiones (en torno al 90% en el horizonte de cero neto) antes de neutralizar el resto.
No se puede reducir lo que no se mide. Por eso el punto de partida es calcular la huella de carbono conforme al Protocolo GHG, distinguiendo el alcance 1 (emisiones directas), el alcance 2 (energía comprada) y el alcance 3 (cadena de valor). La medición permite identificar los principales focos, fijar una línea base y definir objetivos realistas.
Todo ello se integra en una estrategia de descarbonización y de mitigación del cambio climático.
A escala internacional, la reducción de emisiones se articula a través del Acuerdo de París y de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). En la UE, la meta es reducir las emisiones netas al menos un 55% en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En España, el Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo (que sustituyó al RD 163/2014), dio un paso relevante: además de regular el registro de huella de carbono, obligó a las grandes empresas (con los mismos umbrales del antiguo estado de información no financiera) a calcular anualmente su huella de carbono de los alcances 1 y 2 y a elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones con un horizonte mínimo de cinco años. El primer cálculo obligatorio corresponde al ejercicio 2025, con publicación en 2026.
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