Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los residuos generados en obras de construcción, rehabilitación, reforma, demolición y excavación. Constituyen uno de los flujos de residuos más voluminosos de la Unión Europea: según Eurostat, el sector de la construcción genera en torno al 35 por ciento de todos los residuos de la UE, y en España representa aproximadamente un tercio del total.
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular recoge los RCD como residuos generados en obras de construcción y demolición, mientras que el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regula de forma específica su producción y gestión, con la obligación de separar las fracciones en origen y priorizar su valorización.
Su correcta gestión es clave por varias razones:
El Real Decreto 105/2008 establece, entre otras obligaciones:
Una gestión adecuada de los RCD genera beneficios en tres planos:
Las principales malas prácticas son el vertido incontrolado de RCD en caminos y solares, la falta de separación en origen y la mezcla de RCD peligrosos con no peligrosos. La Ley 7/2022 prevé sanciones que, en las infracciones muy graves, pueden alcanzar los 3,5 millones de euros.
Los RCD son un flujo prioritario en la economía circular porque permiten recuperar grandes volúmenes de materiales, reducen la extracción de recursos naturales y favorecen la simbiosis industrial en el sector de la construcción. En la práctica, los RCD no deberían considerarse un desecho, sino una fuente de materias primas secundarias clave para descarbonizar la construcción.
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