Superintendencia del Medio Ambiente de Chile (SMA)

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es el organismo público chileno encargado de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa ambiental. Es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

En una línea: si tu empresa tiene una resolución de calificación ambiental, está sujeta a una norma de emisión, opera en una zona con plan de descontaminación o declara en el RETC, la SMA es la autoridad que comprueba que cumples y la que te sanciona si no lo haces.

De dónde viene

La SMA fue creada por el artículo segundo de la Ley 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. La ley se promulgó el 12 de enero de 2010 y se publicó en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010. Ese artículo segundo contiene su ley orgánica, y es el texto al que corresponden todos los artículos citados en esta ficha.

La institución empezó a dotarse de personal en 2010, pero sus facultades de fiscalización y sanción entraron en vigencia el 28 de diciembre de 2012. No fue una decisión discrecional: la propia Ley 20.417 dispuso en sus artículos transitorios que los títulos que crean la Superintendencia entrarían en vigencia el mismo día en que comenzara a funcionar el Segundo Tribunal Ambiental, creado por la Ley 20.600, publicada el 28 de junio de 2012. La SMA nació, por diseño, atada al control judicial.

Qué fiscaliza y qué no

El artículo 2° fija su objeto: ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y la fiscalización de cuatro cosas.

• Las resoluciones de calificación ambiental (RCA).
• Las medidas de los planes de prevención y de descontaminación ambiental.
• El contenido de las normas de calidad ambiental y de las normas de emisión.
• Todos los demás instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

Lo que queda fuera sigue en manos de los organismos sectoriales, que conservan sus competencias de fiscalización en las materias que no son de la SMA. Ahora bien, esos organismos deben adoptar y respetar los criterios que la SMA establezca sobre la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización. En la práctica, la SMA marca el método incluso donde no fiscaliza ella misma.

Cómo fiscaliza

• Programas y subprogramas anuales. El artículo 16 la obliga a establecer cada año los programas de fiscalización de resoluciones de calificación ambiental, de planes de prevención y de descontaminación y de normas de calidad y de emisión, por región, más los subprogramas sectoriales que identifican qué actividad corresponde a cada servicio.
• Terceros acreditados. Puede contratar inspecciones, verificaciones, mediciones y análisis con entidades técnicas debidamente certificadas. El reglamento exige incompatibilidad absoluta entre fiscalizar y prestar consultoría para declaraciones o estudios de impacto ambiental, y al menos tres años de experiencia calificada.
• Requerimientos de información. Puede exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deban entregar, y dictar normas generales sobre la forma de presentarlos. Debe conceder un plazo razonable atendiendo al volumen, la complejidad y la ubicación del proyecto.
• Denuncia ciudadana. Cualquier persona puede denunciar el incumplimiento de instrumentos de gestión y de normas ambientales, y la SMA debe informar el resultado en un plazo no superior a 60 días hábiles. Si de la denuncia nace un procedimiento sancionatorio, el denunciante tiene para todos los efectos la calidad de interesado.

El régimen sancionador

El artículo 35 reserva exclusivamente a la SMA la potestad sancionadora sobre una lista cerrada de infracciones. Las que más aparecen en la vida de una empresa son estas:

• El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en una resolución de calificación ambiental.
• Ejecutar proyectos o desarrollar actividades para los que la ley exige resolución de calificación ambiental sin contar con ella.
• El incumplimiento de las medidas de los planes de prevención y de descontaminación y de las normas de calidad y de emisión.
• El incumplimiento de las normas de emisión de gases de efecto invernadero.
• El incumplimiento de los requerimientos de información que dirija la SMA.
• El incumplimiento del deber de informar de los responsables de fuentes emisoras para la elaboración del registro al que se refiere la letra p) del artículo 70 de la Ley 19.300, es decir el RETC.
• El incumplimiento de los planes de manejo de la Ley 19.300 y de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales.
• El incumplimiento de cualquier otra norma de carácter ambiental que no tenga sanción específica.

Clasificación y rangos de multa

El artículo 36 clasifica las infracciones en gravísimas, graves y leves, y los artículos 38 y 39 fijan qué sanción cabe en cada caso.

Las sanciones del artículo 38 son cuatro: amonestación por escrito, multa de una a diez mil unidades tributarias anuales, clausura temporal o definitiva y revocación de la resolución de calificación ambiental. La unidad tributaria anual se reajusta periódicamente, así que el techo real de la multa cambia cada año y conviene mirar el valor vigente antes de hacer números.

Para graduar la sanción, el artículo 40 obliga a considerar la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo verse afectada, el beneficio económico obtenido con la infracción, la intencionalidad, la conducta anterior del infractor, su capacidad económica y el cumplimiento del programa de cumplimiento, entre otros criterios. Las infracciones prescriben a los tres años de cometidas, plazo que se interrumpe con la notificación de la formulación de cargos.

El programa de cumplimiento, la pieza clave

Iniciado un procedimiento sancionatorio, el infractor puede presentar en el plazo de 10 días contado desde el acto que lo inicia un programa de cumplimiento: un plan de acciones y metas para volver a cumplir la normativa dentro de un plazo que fija la SMA.

• Aprobado el programa, el procedimiento sancionatorio se suspende.
• Cumplido dentro de los plazos y según las metas fijadas, el procedimiento se da por concluido.
• Si se incumple, el procedimiento se reinicia y se puede aplicar hasta el doble de la multa que correspondía a la infracción original, salvo que hubiese mediado autodenuncia.
• No pueden presentarlo quienes se acogieron antes a programas de gradualidad, ya fueron sancionados por infracciones gravísimas o ya presentaron un programa de cumplimiento, salvo que se tratara de infracciones leves.

Los criterios de aprobación están en el Decreto Supremo N° 30 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

Autodenuncia y plan de reparación

El artículo 41 obliga a la SMA a eximir del monto de la multa a quien concurra por primera vez a sus oficinas y denuncie estar cometiendo una infracción, siempre que ejecute íntegramente el programa de cumplimiento. La segunda y la tercera vez que se usa este mecanismo rebajan la multa hasta un 75% y un 50%. Hay dos condiciones: la información debe ser precisa, verídica y comprobable, y hay que poner fin de inmediato a los hechos adoptando las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos. Si la SMA ya había iniciado la investigación por los mismos hechos, la autodenuncia no produce efecto.

El artículo 43 permite además presentar de forma voluntaria, una vez notificada la resolución que pone término al procedimiento, una propuesta de plan de reparación avalada por un estudio técnico ambiental.

Medidas provisionales y suspensiones

Durante el procedimiento, el instructor puede solicitar de forma fundada al Superintendente medidas provisionales para evitar un daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas: medidas de corrección, seguridad o control, sellado de aparatos o equipos, clausura temporal, detención del funcionamiento de las instalaciones, suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, o programas de monitoreo y análisis de cargo del infractor. Duran hasta 30 días corridos y su renovación exige resolución fundada.

Tres de ellas, la clausura temporal, la detención del funcionamiento y la suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, exigen autorización previa del Tribunal Ambiental. Lo mismo vale cuando la SMA quiere aplicar las suspensiones de autorizaciones de funcionamiento previstas en las letras g) y h) del artículo 3°.

Cómo se conecta con el resto del marco chileno

Si quieres el mapa completo, revisa nuestra guía sobre la normativa ambiental y de sostenibilidad para empresas en Chile.

La SMA y el Tribunal Ambiental

Lo que decide la SMA se revisa ante los tribunales ambientales creados por la Ley 20.600. Estos son los plazos que conviene tener a mano:

• Reposición ante la propia SMA: 5 días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación, con 30 días hábiles para resolver. Interponerla suspende el plazo para reclamar de ilegalidad.
• Reclamación ante el Tribunal Ambiental: 15 días hábiles desde la notificación. Las resoluciones que imponen multas son siempre reclamables y no son exigibles mientras no venza ese plazo o no se resuelva la reclamación.
• Rebaja por pago: si no reclamas y pagas la multa dentro de 5 días hábiles desde la notificación, acreditando la consignación en la Tesorería General de la República, se reduce un 25% del valor.
• Consulta obligatoria: cuando la SMA aplica clausura o revocación de la resolución de calificación ambiental, la resolución debe elevarse siempre en consulta al Tribunal Ambiental.

Transparencia: el SNIFA

El artículo 58 obliga a la SMA a consignar las sanciones aplicadas en un registro público con el nombre o la razón social del responsable y la naturaleza de la infracción y de la sanción, consultable por vía electrónica. Ese registro vive en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el sitio de acceso público donde la SMA difunde actividades de fiscalización, procedimientos sancionatorios, resoluciones y estadísticas. Conviene saberlo por dos motivos: tu historial es público y el de tus proveedores también.

Aviso: hay conductas que además son delito

La ley orgánica de la SMA contiene tipos penales propios. Presentar maliciosamente a la Superintendencia información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, en normas de emisión, en planes de reparación o en programas de cumplimiento se castiga con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Incumplir una clausura, o impedir u obstaculizar significativamente la fiscalización, también está tipificado. Es una razón más para que cada dato que entregas sea trazable hasta su documento de origen.

Conviene añadir que hay un proyecto de ley en tramitación en el Congreso que modifica el artículo segundo de la Ley 20.417 para reforzar la fiscalización y el cumplimiento ambiental. Mientras no se publique, lo vigente es lo descrito aquí.

Comparación regional

Si vienes del marco mexicano, la figura más parecida es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con dos diferencias que importan: la SMA es un servicio descentralizado con personalidad jurídica propia, y sus resoluciones sancionatorias se revisan ante tribunales ambientales especializados, no ante la jurisdicción administrativa general.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede sancionar la SMA?

Solo las infracciones que le reserva el artículo 35 de su ley orgánica: incumplimientos de resoluciones de calificación ambiental, de planes de prevención y de descontaminación, de normas de calidad y de emisión, de requerimientos de información, del deber de informar al RETC, de planes de manejo y de medidas provisionales, además de cualquier norma ambiental sin sanción específica.

¿Cuánto puede multar?

Hasta diez mil unidades tributarias anuales en infracciones gravísimas, hasta cinco mil en graves y hasta mil en leves. En las gravísimas y graves también caben la clausura y la revocación de la resolución de calificación ambiental.

¿Para qué sirve un programa de cumplimiento?

Para suspender el procedimiento sancionatorio y cerrarlo sin sanción si se ejecuta bien. El riesgo es simétrico: si se incumple, la multa puede llegar hasta el doble de la que correspondía a la infracción original.

¿Puedo recurrir una sanción de la SMA?

Sí. Cabe reposición ante la propia Superintendencia en 5 días hábiles y reclamación ante el Tribunal Ambiental en 15 días hábiles desde la notificación. Si prefieres no litigar y pagas dentro de 5 días hábiles, la multa baja un 25%.

¿La SMA fiscaliza la huella de carbono de mi empresa?

Hoy no de forma general, porque HuellaChile es voluntario. Sí controla y acredita a las entidades técnicas que verifican esas certificaciones, y el artículo 45 de la Ley 21.455 le encarga sancionar el incumplimiento del reporte anual de emisiones del artículo 41, cuyo alcance concreto depende de un reglamento cuya tramitación conviene seguir.

Lo que la SMA revisa no son tus intenciones, es tu evidencia: cada fuente, cada medición y cada declaración con el documento de origen detrás. En Manglai ayudamos a construir y mantener esa trazabilidad. Empieza por nuestra solución de huella de carbono.