El Green Asset Ratio (GAR), o ratio de activos verdes, es un indicador regulatorio que mide el porcentaje de los activos de una entidad de crédito que están alineados con la Taxonomía de la Unión Europea. En la práctica, refleja qué parte de los préstamos e inversiones de un banco financia actividades económicas consideradas ambientalmente sostenibles según los criterios técnicos europeos.
El GAR se ha convertido en la principal métrica para medir la contribución del sector bancario a la transición ecológica y para evaluar el grado de alineación del sistema financiero con los objetivos climáticos de la UE.
El GAR no es una métrica voluntaria. Su divulgación es obligatoria para las grandes entidades de crédito de la UE en el marco de los requisitos de divulgación del Pilar 3 sobre riesgos ESG, regulados por el artículo 449 bis del Reglamento de Requisitos de Capital (CRR) y desarrollados mediante las normas técnicas de ejecución (ITS) de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Las fechas clave son:
De forma simplificada, el GAR se obtiene dividiendo los activos alineados con la Taxonomía entre el total de activos cubiertos (elegibles):
GAR = (Activos alineados con la Taxonomía UE / Activos cubiertos totales) × 100
El denominador excluye determinadas exposiciones, como la deuda soberana y la cartera de negociación. Además, solo se computan en el numerador las exposiciones frente a empresas sujetas a obligaciones de reporte bajo el Reglamento de Taxonomía y marcos como la CSRD.
Esto genera un efecto cascada: aunque tu empresa no esté obligada directamente a reportar, tu banco te pedirá datos ambientales para poder clasificar tus exposiciones y cumplir con su propio GAR. El efecto se acentúa tras la Directiva (UE) 2026/470, que redujo el número de empresas obligadas a reportar y dejó a los bancos con menos contrapartes con datos publicados.
Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos un banco con:
El cálculo sería:
GAR = (250 / 1.000) × 100 = 25 %
Es decir, el 25 % de los activos del banco se consideran verdes según la regulación europea.
Pese a su valor como herramienta de transparencia, el GAR presenta limitaciones reconocidas por reguladores y analistas:
Por eso, el GAR debe interpretarse junto con métricas complementarias como el BTAR y el contexto de cada entidad, y no como una cifra aislada de "sostenibilidad".
En el contexto de la sostenibilidad corporativa, el GAR conecta el reporte de sostenibilidad de las empresas con la capacidad de las entidades financieras para clasificar sus activos como verdes bajo criterios estandarizados. Cuanto mejores sean tus datos ambientales, más fácil será que tu financiación cuente como alineada con la Taxonomía.
En Manglai te ayudamos a medir, estructurar y reportar tus datos de sostenibilidad con el rigor y la trazabilidad que exigen los bancos y la normativa europea.
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El impuesto nacional al carbono grava el contenido de carbono equivalente de los combustibles fósiles usados para combustión. Lo crearon los artículos 221 a 223 de la Ley 1819 de 2016 y lo reformó la Ley 2277 de 2022. Para 2026 la tarifa es de 29.070,49 pesos por tonelada de CO2 equivalente y existe un mecanismo de no causación por carbono neutralidad limitado al 50%.
El impuesto verde a fuentes fijas de Chile grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono de los establecimientos cuyas fuentes emisoras emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de CO2.
La inversión socialmente responsable (ISR) integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones financieras, buscando combinar la rentabilidad económica con un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
Acompañamos a las empresas en su camino hacia las emisiones netas cero con soluciones impulsadas por IA.
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