Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD)

La Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD) es una propuesta legislativa de la Unión Europea que busca establecer obligaciones legales para que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos de sus actividades en materia de derechos humanos y medio ambiente a lo largo de sus cadenas de valor.

El objetivo principal es alinear las actividades corporativas con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y los objetivos de desarrollo sostenible.

Contexto e impulso

1. Evolución normativa: la UE cuenta con diversas normativas relacionadas con la información no financiera, como la Directiva de Información No Financiera (NFRD) y su sucesora, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). La CSDDD va un paso más allá al exigir acciones concretas de prevención y corrección.
2. Presión social y activismo: organizaciones civiles, consumidores e inversores exigen mayor transparencia y responsabilidad empresarial.
3. Objetivos políticos: el Pacto Verde Europeo y la estrategia de financiación sostenible refuerzan la importancia de las cadenas de suministro responsables.

Alcance de la CSDDD

• Empresas afectadas: grandes compañías y, potencialmente, medianas empresas de sectores de alto riesgo. Se centra en sociedades anónimas o equivalentes, incluidas las extracomunitarias que operen en el mercado de la UE.
• Cadenas de valor: no solo la actividad propia de la empresa, sino también proveedores, subcontratistas y otros socios comerciales.
• Dimensiones abordadas:
  • Derechos humanos: trabajo forzoso, discriminación, condiciones de trabajo inseguras.
  • Medio ambiente: emisiones contaminantes, deforestación, vertidos, pérdida de biodiversidad.
  • Buen gobierno: corrupción, transparencia en decisiones corporativas, integridad financiera.

Obligaciones clave

1. Identificación de riesgos: llevar a cabo evaluaciones periódicas para detectar los posibles impactos adversos.
2. Plan de acción: establecer políticas y procedimientos específicos para prevenir y mitigar riesgos.
3. Remediación: cuando se detecten daños, la empresa debe corregir la situación y compensar a las partes afectadas.
4. Transparencia y reporte: informar sobre las medidas adoptadas, los resultados y los desafíos en su cadena de valor.
5. Mecanismos de denuncia: facilitar la comunicación y colaboración con partes interesadas, incluidas ONG y sindicatos.

Sanciones y medidas de cumplimiento

• Multas: los Estados miembros podrían imponer sanciones económicas a las empresas que incumplan las disposiciones.
• Responsabilidad civil: en caso de daños probados, las víctimas podrían exigir compensaciones por vía judicial.
• Supervisión nacional: autoridades competentes de cada país vigilan el cumplimiento y gestionan las denuncias.

Beneficios esperados

• Nivelación de las condiciones: se reduce la competencia desleal de quienes operan sin respetar estándares sociales o ambientales.
• Mitigación de riesgos: la diligencia debida evita crisis reputacionales y legales, generando confianza entre inversores y consumidores.
• Impulso a la sostenibilidad: fomenta la adopción de buenas prácticas y el desarrollo de tecnologías limpias.
• Protección de derechos humanos y ecosistemas: se espera una mejora en las condiciones laborales y en la preservación del medio ambiente en toda la cadena de suministro.

Críticas y desafíos

• Complejidad para pymes: aunque a priori se enfoca en grandes empresas, muchos subproveedores de menor tamaño podrían verse obligados a adaptarse a requisitos complejos.
• Definición de responsabilidad: determinar hasta qué punto una empresa es responsable de las acciones de sus proveedores.
• Armonización legal: cada Estado miembro debe transponer la directiva a su legislación nacional, lo que podría generar diferencias.

Relación con otras iniciativas

• Directiva CSRD: complementa la obligación de reporting con la acción de diligencia debida.
• Reglamento SFDR: centrado en la transparencia de las entidades financieras sobre criterios ESG.
• Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos: sirven de base conceptual para la CSDDD.

La Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa supone un paso significativo hacia una economía más responsable y alineada con los valores de la Unión Europea. Al obligar a las empresas a vigilar de cerca sus cadenas de suministro y actuar sobre los impactos negativos, la CSDDD busca establecer un nuevo estándar en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, al mismo tiempo que consolida la competitividad de las empresas responsables a nivel global.