La tasa de vertido mide el porcentaje de residuos que se depositan en vertedero respecto al total de residuos generados en un territorio o sistema de gestión. Este indicador refleja el grado de dependencia de una economía respecto a la eliminación final, frente a las opciones superiores de la jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclaje y valorización.
Un valor alto de tasa de vertido indica ineficiencia ambiental, pérdida de recursos y costes crecientes asociados al tratamiento y mantenimiento de los vertederos. En cambio, su reducción progresiva señala una transición hacia modelos circulares, en los que los residuos se reincorporan como materias primas secundarias o fuentes energéticas.
La Directiva 1999/31/CE sobre vertido de residuos, modificada por la Directiva (UE) 2018/850, establece las obligaciones técnicas y los objetivos de reducción del vertido en los Estados miembros. A partir de 2035, la normativa europea exige que no más del 10 % de los residuos municipales generados se eliminen en vertedero.
España transpone estos requisitos mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que introduce dos instrumentos fundamentales:
El nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2025-2035), que sucede al PEMAR 2016-2022, fija hitos de reducción del vertido para 2025, 2030 y 2035 alineados con los objetivos europeos, incluida la meta de no superar el 10 % de vertido de residuos municipales en 2035.
Cada tipo está sujeto a requisitos de impermeabilización, control de lixiviados y gases, y a planes de clausura y posclausura.
El vertido es la opción menos deseable de la jerarquía por su impacto múltiple:
El impuesto estatal creado por la Ley 7/2022 establece un gravamen homogéneo en todo el territorio español, calculado por tonelada de residuo depositado, con el objetivo de desincentivar la eliminación y financiar medidas de prevención y reciclaje. Los tipos varían según el residuo y la instalación; por ejemplo, 40 euros por tonelada para residuos municipales no peligrosos depositados en vertedero y tipos muy inferiores para los residuos inertes. Las comunidades autónomas pueden incrementar estos tipos en su territorio.
Aunque el objetivo es minimizar su uso, los vertederos actuales incorporan tecnologías de control y valorización:
Disminuir la tasa de vertido reduce los costes de mantenimiento y posclausura, evita sanciones europeas y genera empleo verde en el reciclaje y el compostaje. Alcanzar la meta europea del 10 % exigirá armonizar los datos entre comunidades autónomas, reforzar la infraestructura de tratamiento, digitalizar la información de residuos y avanzar hacia la economía de residuo cero, en línea con el Plan de Acción de Economía Circular de la UE.
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