Legislación ambiental en España: La huella de carbono a nivel autonómico

En los últimos años, España ha reforzado su compromiso con la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas han impulsado una serie de leyes y medidas para reducir las emisiones de CO₂ y promover la transición hacia un modelo más sostenible.

En este contexto, la huella de carbono se ha convertido en un indicador clave para cuantificar el impacto ambiental de la actividad humana, facilitando el diseño de políticas eficaces y permitiendo medir el progreso en cada territorio.

A continuación, vamos a explorar la evolución de la legislación ambiental española, prestando especial atención a cómo se articula a nivel autonómico.

En Manglai, apoyamos a las empresas en su medición de la huella de carbono, aunque la legislación puede variar por comunidad autónoma, algunas siendo más estrictas o estando más avanzadas en su implementación en comparación con otras.

Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021, de 20 de mayo)

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, marca un antes y un después en la estrategia de España para afrontar el calentamiento global. Entre sus aspectos más relevantes destacan:

1. Objetivo de neutralidad climática para 2050: busca que España logre cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para esa fecha.
2. Reducción de emisiones para 2030: se establece un objetivo de reducir, al menos, un 23 % las emisiones respecto a 1990; no obstante, este porcentaje podría revisarse al alza para alinearse con las nuevas directrices europeas.
3. Fomento de las energías renovables y la eficiencia energética: el texto legal propone acelerar la sustitución de los combustibles fósiles, así como promover el autoconsumo y las comunidades energéticas.
4. Movilidad sostenible: impulso a la electrificación del transporte, la instalación de infraestructuras de recarga y la reducción progresiva del uso de vehículos de combustión.

Con la aprobación de esta ley, se refuerza el rol de las Comunidades Autónomas, que deben adaptar y articular sus propias estrategias de reducción de emisiones, complementando el marco fijado a escala estatal.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y estrategias a largo plazo (2050)

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 es la hoja de ruta española para cumplir con los objetivos de descarbonización a medio plazo. Se ha previsto su revisión para ajustarlo a las exigencias crecientes de la Unión Europea. A su vez, el Gobierno trabaja en estrategias a largo plazo (2050) para trazar un camino hacia la neutralidad climática.

Las Comunidades Autónomas, por su parte, tienen que alinear sus planes de reducción de emisiones, gestión de recursos naturales y promoción de energías limpias con los objetivos establecidos en el PNIEC, haciendo hincapié en:

• El despliegue de infraestructuras de renovables (por ejemplo, parques fotovoltaicos, eólicos o instalaciones de autoconsumo).
• La promoción de transporte sostenible y la reducción del uso de combustibles fósiles.
• La instauración de políticas de eficiencia energética en edificios públicos y privados.

Paquete “Fit for 55”

El paquete de medidas “Fit for 55” lanzado por la Unión Europea persigue reducir las emisiones al menos un 55 % para 2030 (en comparación con 1990). Este objetivo europeo repercute directamente en la normativa española y en los planes que se diseñan a nivel regional, ya que exige una mayor ambición en:

• Reforma del mercado de emisiones (ETS) y posible extensión del comercio de derechos de emisión a sectores como transporte y edificaciones.
• Objetivos de eficiencia energética y energías renovables: las Comunidades Autónomas deben intensificar la adopción de fuentes limpias y las políticas de ahorro energético.

Legislación ambiental por Comunidades Autónomas

La acción climática y la protección del medioambiente en España no solo dependen de las directrices del Gobierno central, sino también de la forma en que cada Comunidad Autónoma desarrolla e implementa su propia normativa. A pesar de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece un marco común, las diferencias territoriales, económicas y sociales hacen que surjan enfoques legislativos específicos en cada región.

En esta sección, vamos a ver cómo las Comunidades Autónomas han adaptado sus políticas ambientales, destacando las principales normativas en vigor, los planes autonómicos de reducción de emisiones y la forma en que cada territorio gestiona la huella de carbono.

Andalucía

Andalucía cuenta con la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un Nuevo Modelo Energético de Andalucía.

Esta ley establece objetivos de reducción de emisiones y fomenta la integración de renovables, prevé la creación de planes municipales de acción por el clima y la energía sostenible, así como la implantación de zonas de bajas emisiones, y por último, impulsa la hoja de ruta para la transición energética, con especial énfasis en la adaptación al cambio climático de sectores como el turismo y la agricultura.

Además, desde 2020, cuenta con un registro voluntario llamado Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), que permite a las empresas contribuir en proyectos de absorción de CO2.

Aragón

Aragón cuenta con la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), un marco para reducir emisiones y potenciar la eficiencia energética. Por su parte, la Ley de Aguas y Medio Ambiente incluye la protección de suelos y ecosistemas.

En la actualidad, se está trabajando en la actualización de la EACCEL para alinearla con los objetivos de la Ley 7/2021, introduciendo incentivos a la movilidad eléctrica y al autoconsumo.

Asturias

Por su parte, el Principado de Asturias, dispone de la Estrategia de Acción por el Clima orientada a la neutralidad de carbono y a la reconversión de zonas mineras, planes específicos de reducción de emisiones en el sector industrial, minero y de generación eléctrica, y por último, el refuerzo de programas de transición justa para las comarcas mineras, con la introducción de proyectos de energías renovables y eficiencia en la edificación.

Canarias

Las Islas Canarias aprobaron la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética. Cuenta también con disposiciones sobre protección del litoral y programas de financiación para instalaciones fotovoltaicas y desarrollo de la energía eólica, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles en los sistemas insulares.

Por otra parte, desde 2023, las empresas con más de 50 empleados o facturación superior a 10 millones de euros, así como ciertos sectores específicos, están obligadas a calcular su huella de carbono.

Cantabria

Cantabria dispone de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático 2018-2030, la cual incluye medidas en eficiencia energética, movilidad sostenible y conservación de la biodiversidad costera. Asimismo, se está trabajando en una ley autonómica de cambio climático que consolide los objetivos y planes sectoriales a largo plazo.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con la Estrategia Regional de Cambio Climático 2021-2030, donde se marcan líneas de actuación para la descarbonización y la economía circular, en línea con la Agenda 2030.

Por otra parte, también contempla el impulso de proyectos de energía solar y eólica en zonas rurales, así como planes de reforestación para incrementar los sumideros de carbono.

Castilla y León

El Plan de Energía y Cambio Climático 2021-2030 de Castilla y León contempla políticas de fomento a la biomasa y la energía eólica, con atención a la conservación de la biodiversidad, así como la previsión de una nueva estrategia integral que refuerce el autoconsumo y la electrificación en sectores industriales y agrícolas.

Cataluña

Cataluña fue pionera en aprobar una ley de cambio climático en 2017, anterior a la ley nacional. La Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático incluye disposiciones específicas sobre la huella de carbono.

Además, se han aprobado decretos y planes anuales que refuerzan objetivos de reducción de emisiones y promueven la economía circular, incentivos para el vehículo eléctrico y el despliegue de energías renovables (fotovoltaica y eólica), así como planes de acción anuales de mitigación y adaptación.

Comunidad de Madrid

A pesar de que la Comunidad de Madrid no cuenta con una ley específica de cambio climático, sí que dispone de Madrid 360 y la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental, donde se prioriza la calidad del aire, la movilidad de bajas emisiones y la renaturalización de espacios urbanos. Asimismo, impulsa la movilidad eléctrica mediante ayudas directas y zonas de bajas emisiones en la capital y municipios del entorno.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana cuenta con la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica que obliga a las grandes y medianas empresas deben calcular y acreditar su huella de carbono, y ejecutar un plan de reducción. También incluye planes de reforestación de zonas afectadas por incendios y promoción de instalaciones solares en edificios públicos y empresariales.

Extremadura

Extremadura dispone de la Estrategia de Economía Verde y Circular de Extremadura (2017-2030) que incluye objetivos de mitigación del cambio climático. Se trata de una regulación que apuesta destacada por la energía fotovoltaica, tanto en viviendas particulares como en explotaciones agrarias, y la atracción de proyectos industriales relacionados con las renovables.

Galicia

Galicia cuenta con la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050 centrada en la reducción de emisiones en el sector lácteo y forestal, protección de la costa, y planes de reactivación económica “verde” en zonas rurales.

Islas Baleares

Las Islas Baleares aprobaron su ley de cambio climático antes de la ley nacional. La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética establece que, a partir de 2025, todas las empresas, incluidas explotaciones agrícolas y ganaderas, deberán calcular su huella de carbono. También contempla medidas pioneras, como la restricción de vehículos diésel y la promoción de energías 100 % renovables en 2050.

Además, han desarrollado normativas complementarias para la instalación masiva de placas solares en aparcamientos y edificios públicos, así como la protección del entorno marino.

La Rioja

La Rioja aprobó la Estrategia de Cambio Climático de La Rioja 2030, alineada con los objetivos del PNIEC. Incluye programas de incentivos para la transición en el sector vitivinícola (muy relevante en la región) y la revalorización de residuos orgánicos, así como desarrollo de proyectos de economía circular que involucren a bodegas y productores agrícolas, con apoyo de fondos europeos.

Navarra

Navarra aprobó la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, la cual establece objetivos de reducción de emisiones y promueve la participación ciudadana en la elaboración de planes, además de impulsar las comunidades energéticas y la instalación de renovables en edificios públicos, con participación de entidades locales.

Desde 2024, todas las empresas, incluidas explotaciones agrícolas y ganaderas, deben calcular su huella de carbono.

País Vasco

El País Vasco dispone de la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático. Esta ley establece plantea metas de reducción de emisiones más estrictas que las estatales y refuerza la fiscalidad verde, así como la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar un plan de reducción para diversos sectores, incluyendo administraciones públicas, explotaciones ganaderas, actividades agrícolas, forestales y pesqueras, entre otros.

También incluye planes sectoriales de mitigación y adaptación, con enfoque en movilidad eléctrica, hidrógeno verde y rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Región de Murcia

La Región de Murcia cuenta con la Estrategia de Cambio Climático de la Región de Murcia (ECCRM) para reforzar la eficiencia hídrica y la protección del Mar Menor. También contempla proyectos piloto de descarbonización en el sector agrícola y ganadero, así como inversión en desaladoras con energías renovables.

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

Tanto Ceuta como Melilla se rigen por la normativa estatal, contando con planes y ordenanzas municipales en materia de aguas, residuos y eficiencia energética que incluyen proyectos de movilidad urbana sostenible y mejora de la eficiencia energética en edificios públicos, debido en parte a su condición de territorios extrapeninsulares.

Obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono

A nivel nacional, la modificación del Real Decreto 163/2014 establece la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono y la elaboración de un plan de reducción para ciertas organizaciones, aplicable a los cálculos de la huella del año anterior.

Las empresas obligadas serán aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

• Más de 500 empleados, o
• Consideración de entidades de interés público, o
• Durante dos ejercicios consecutivos, cumplan al menos dos de estos criterios:
  • Más de 250 empleados
  • Volumen de negocio superior a 40 millones de euros
  • Activo total superior a 20 millones de euros

Registro de Huella de Carbono

El Registro de Huella de Carbono, creado inicialmente mediante el Real Decreto 163/2014, es una herramienta fundamental para cuantificar y acreditar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con la entrada en vigor de la Ley 7/2021, se han introducido algunos cambios y mejoras en los procedimientos:

1. Plataforma de registro y trámites electrónicos: se busca facilitar la inscripción y la actualización de datos por parte de empresas y otras entidades.
2. Compatibilidad con registros autonómicos: algunas regiones, como el País Vasco o Cataluña, han establecido registros propios. Es importante verificar si se exigen requisitos adicionales o si se admite la convalidación con el registro nacional.
3. Promoción de planes de compensación y absorción de CO₂: las entidades pueden vincular sus proyectos de reforestación, restauración de ecosistemas o prácticas agrícolas sostenibles, mejorando así su balance de emisiones.

Cómo inscribirse en el Registro de Huella de Carbono

Para inscribirse en el Registro de Huella de Carbono, las empresas deben seguir los siguientes pasos:

1. Cálculo de emisiones: facilitar un inventario de las emisiones directas e indirectas de la empresa o entidad mediante herramientas como las ofrecidas por Manglai.
2. Verificación: un organismo acreditado debe certificar los cálculos realizados.
3. Inscripción: se registra la información en la plataforma oficial habilitada por el MITECO, siguiendo las pautas marcadas por el Real Decreto.

La legislación ambiental en materia de huella de carbono en España: una normativa en constante evolución

La legislación ambiental relacionada con la huella de carbono en España está en constante evolución, con diferencias significativas entre las distintas Comunidades Autónomas. Es fundamental que las empresas y organizaciones estén al tanto de estas normativas y se preparen para cumplir con los requisitos de cálculo y reducción de la huella de carbono.

A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, es probable que veamos una mayor armonización de estas leyes y un aumento en la exigencia de las medidas de reducción de emisiones. Las empresas que se adelanten a estos cambios estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos ambientales y aprovechar las oportunidades que surjan en una economía baja en carbono.

En Manglai ayudamos a empresas de todo tamaño a medir, reducir y reportar su huella de carbono. Prueba nuestra plataforma aquí.

Mientras tanto, también puedes usar nuestra calculadora de la huella de carbono y nuestro test de identificación de obligaciones ambientales, ambas herramientas totalmente gratuitas.