Legislación ambiental en España: La huella de carbono a nivel autonómico

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad para España, tanto a nivel nacional como autonómico. En este artículo, exploraremos en detalle la legislación ambiental relacionada con la huella de carbono en las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) españolas, ofreciendo una visión completa y actualizada de las normativas vigentes y futuras.

En Manglai, apoyamos a las empresas en su medición de la huella de carbono, pero la legislación y su aplicación puede variar por comunidad autónoma, algunas siendo más estrictas o estando más avanzadas en su implementación.

Marco legal nacional

La base de la legislación ambiental en España es la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley establece el marco general para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la transición hacia una economía más sostenible.

Legislación por Comunidades Autónomas

Cataluña

Cataluña fue pionera en aprobar una ley de cambio climático en 2017, anterior a la ley nacional. La Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático incluye disposiciones específicas sobre la huella de carbono.

Andalucía

Andalucía cuenta con la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético. Además, desde 2020, tiene un registro voluntario llamado Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), que permite a las empresas contribuir en proyectos de absorción de CO2.

Islas Baleares

Las Islas Baleares aprobaron su ley de cambio climático antes de la ley nacional. La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética establece que, a partir de 2025, todas las empresas, incluidas explotaciones agrícolas y ganaderas, deberán calcular su huella de carbono.

Navarra

Navarra aprobó la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. Desde 2024, todas las empresas, incluidas explotaciones agrícolas y ganaderas, deben calcular su huella de carbono.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana cuenta con la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica. A partir de 2025, las grandes y medianas empresas deben calcular y acreditar su huella de carbono, y ejecutar un plan de reducción.

Islas Canarias

Las Islas Canarias aprobaron la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética. Desde 2023, las empresas con más de 50 empleados o facturación superior a 10 millones de euros, así como ciertos sectores específicos, están obligadas a calcular su huella de carbono.

País Vasco

El País Vasco ha aprobado recientemente la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático. Esta ley establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar un plan de reducción para diversos sectores, incluyendo administraciones públicas, explotaciones ganaderas, actividades agrícolas, forestales y pesqueras, entre otros.

Otras Comunidades Autónomas

Varias CCAA están desarrollando estrategias y planes relacionados con el cambio climático y la huella de carbono, aunque aún no tienen legislación específica:

• Galicia: Cuenta con una Estrategia de Cambio Climático a 2050.
• Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia: Han aprobado estrategias mixtas frente al cambio climático a 2030.
• Comunidad de Madrid y La Rioja: Están trabajando en borradores de sus planes.

Obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono

A nivel nacional, la modificación del Real Decreto 163/2014 establecerá la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono y la elaboración de un plan de reducción para ciertas organizaciones a partir del 1 de enero de 2025, aplicable a los cálculos de la huella de 2024.

Las empresas obligadas serán aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

• Más de 500 empleados, o
• Consideración de entidades de interés público, o
• Durante dos ejercicios consecutivos, cumplan al menos dos de estos criterios:
  • Más de 250 empleados
  • Volumen de negocio superior a 40 millones de euros
  • Activo total superior a 20 millones de euros

Conclusión

La legislación ambiental relacionada con la huella de carbono en España está en constante evolución, con diferencias significativas entre las distintas Comunidades Autónomas. Es fundamental que las empresas y organizaciones estén al tanto de estas normativas y se preparen para cumplir con los requisitos de cálculo y reducción de la huella de carbono.

A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, es probable que veamos una mayor armonización de estas leyes y un aumento en la exigencia de las medidas de reducción de emisiones. Las empresas que se adelanten a estos cambios estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos ambientales y aprovechar las oportunidades que surjan en una economía baja en carbono.

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