La crisis climática, también llamada emergencia climática, es la alteración acelerada y a largo plazo del sistema climático de la Tierra provocada por la actividad humana, cuya manifestación más visible es el calentamiento global. El término subraya la urgencia del problema: no se trata de un cambio gradual y manejable, sino de una amenaza que ya tiene consecuencias graves para los ecosistemas y las sociedades.
Su causa principal son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva. Según el IPCC, la temperatura media de la superficie terrestre se ha calentado alrededor de 1,1 °C en la década 2011-2020 respecto al periodo preindustrial (1850-1900), y los años más recientes se acercan ya al umbral de 1,5 °C.
El efecto invernadero es un proceso natural que mantiene la Tierra a una temperatura habitable. Gases como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) retienen parte de la radiación que la superficie devuelve hacia el espacio. Sin ese efecto, el planeta sería mucho más frío.
El problema es que las actividades humanas han aumentado de forma drástica la concentración de estos gases, intensificando el efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles para energía, transporte e industria es la mayor fuente de CO2, y a ella se suman la deforestación, la agricultura y la ganadería.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), principal autoridad científica internacional en la materia, concluye que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Esa influencia ha alterado el equilibrio del sistema climático, modificando los patrones de precipitación y multiplicando la frecuencia e intensidad de los eventos extremos.
El calentamiento derrite glaciares y capas de hielo y dilata el agua del océano, lo que eleva el nivel del mar. Esto amenaza a las comunidades costeras y aumenta el riesgo de inundaciones, erosión y salinización de los recursos de agua dulce.
La crisis climática intensifica olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Su impacto sobre las personas, la agricultura, las infraestructuras y la economía se traduce en pérdidas humanas, daños materiales y desplazamientos.
El aumento de la temperatura, los cambios en las precipitaciones y la acidificación de los océanos amenazan la supervivencia de muchas especies, alteran los ecosistemas y comprometen la seguridad alimentaria.
Las sequías, las inundaciones y la variabilidad de las precipitaciones afectan a la producción agrícola y a la disponibilidad de agua, agravando el estrés hídrico en muchas regiones.
La mitigación del cambio climático busca recortar las emisiones de GEI: transición a energías renovables, mejora de la eficiencia energética, agricultura sostenible y protección de los bosques. El horizonte es alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo.
La adaptación climática agrupa las medidas para reducir la vulnerabilidad ante impactos ya inevitables: infraestructuras resilientes, gestión del agua, agricultura adaptada y planificación urbana.
El Acuerdo de París (2015) busca limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C, y preferiblemente a 1,5 °C, respecto a los niveles preindustriales, con un marco de mitigación, adaptación y financiación.
El Protocolo de Kioto (1997) comprometió a los países desarrollados a reducir sus emisiones. Su segundo periodo de compromiso finalizó en 2020, pero sentó las bases de la cooperación internacional que hoy articula el Acuerdo de París.
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