El d2w es la marca de un aditivo prooxidante (desarrollado por la empresa Symphony Environmental) que, al incorporarse a plásticos convencionales, busca acelerar su degradación mediante un proceso de oxidación. Los materiales resultantes se conocen como plásticos "oxo-degradables" (comercializados a veces como "oxo-biodegradables"). La idea es que, ante ciertas condiciones de temperatura, luz y oxígeno, el aditivo inicie una fragmentación que reduzca el tiempo que el plástico tarda en descomponerse.
La principal crítica es que la fragmentación no equivale a una biodegradación completa: los restos más pequeños pueden convertirse en microplásticos perjudiciales para la fauna marina y los ecosistemas terrestres. Además, si el plástico acaba en un entorno sin suficiente oxígeno o calor (por ejemplo, enterrado en un vertedero), la oxidación se interrumpe y el material puede quedar casi intacto. También se ha advertido de que puede crear una falsa sensación de seguridad en el consumidor.
Por estos motivos, la Directiva (UE) 2019/904 sobre plásticos de un solo uso (SUP) prohíbe, en su artículo 5, la introducción en el mercado de productos fabricados con plástico oxo-degradable en toda la UE. Symphony Environmental recurrió esta prohibición ante la justicia europea alegando que su tecnología era distinta, pero el Tribunal General de la UE (2024) desestimó su demanda, al concluir que la evidencia científica disponible no respaldaba una biodegradación efectiva en el medio abierto, en vertedero o en el medio marino. Por tanto, en la UE estos plásticos no pueden comercializarse.
Frente a los plásticos oxo-degradables, las estrategias preferidas pasan por la prevención de residuos, el ecodiseño, el reciclaje mecánico y los plásticos realmente compostables certificados (por ejemplo, conforme a la norma EN 13432), siempre dentro de la lógica de la economía circular.
El caso del d2w ejemplifica la búsqueda de alternativas frente a la contaminación por plásticos, pero también la complejidad de lograr soluciones realmente sostenibles. La prohibición europea refleja el consenso regulatorio de que la fragmentación no resuelve el problema y puede agravarlo a través de los microplásticos.
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