La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) es la ley que regula el manejo integral y sustentable de los territorios forestales de México, así como la conservación, protección, restauración, producción, ordenación y aprovechamiento de sus ecosistemas forestales y sus recursos.
Es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018, fecha en la que abrogó la anterior ley del mismo nombre de 2003. Aunque el término se cita habitualmente como Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, su denominación oficial completa es Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
La ley impulsa la gestión responsable de bosques y selvas, promoviendo la participación de comunidades, ejidos y entidades privadas. Su aplicación recae en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), organismo público descentralizado sectorizado en la SEMARNAT, encargado de desarrollar y promover las actividades de protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Plantea mecanismos para proteger la flora y fauna nativas y regenerar las áreas degradadas, combatiendo la deforestación y la degradación forestal.
Determina las condiciones para extraer recursos maderables y no maderables mediante programas de manejo forestal, fomentando el manejo sustentable y la trazabilidad del origen.
Reconoce y fortalece el papel de ejidos y comunidades indígenas en la administración de sus bosques, buscando equilibrar el beneficio económico con la protección ambiental.
Promueve la innovación en reforestación, manejo del agua y prevención de incendios, con apoyo de instituciones académicas y centros de investigación.
Dada la riqueza forestal del país (bosques templados, selvas tropicales y matorrales), la ley es un instrumento crucial. Los bosques prestan servicios ambientales vitales como la regulación del ciclo del agua, la captura de carbono y la prevención de la erosión. El manejo forestal sustentable contribuye, además, a la captura de carbono y a la conservación de sumideros de carbono, por lo que se vincula con la política climática del país y con la Ley General de Cambio Climático (LGCC).
Su implementación enfrenta obstáculos como las deficiencias en la vigilancia frente a la tala ilegal, el costo de los procesos de certificación para los pequeños productores y la presión de la frontera agrícola y la expansión urbana. Al mismo tiempo, abre oportunidades de colaboración entre instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales, y se apoya cada vez más en el monitoreo satelital para detectar la tala ilegal y gestionar incendios.
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), de 1988, es la ley marco ambiental de México. De ella derivan instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ecológico, las NOM y las áreas naturales protegidas.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es el documento que se presenta ante la SEMARNAT para evaluar los impactos ambientales de un proyecto antes de autorizarlo. Es el instrumento central de la evaluación de impacto ambiental en México.
La NCG 461 es la Norma de Carácter General con la que la Comisión para el Mercado Financiero de Chile reordenó, el 12 de noviembre de 2021, la estructura y el contenido de la memoria anual de los emisores de valores, integrando gobierno corporativo, personas, proveedores y sostenibilidad en un solo documento.
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