La Ley General de Cambio Climático (LGCC) es la ley marco que ordena la política climática de México. Establece el reparto de competencias entre los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), las metas nacionales de mitigación y adaptación, y los instrumentos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y enfrentar los efectos del calentamiento global.
Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012 y reformada de forma relevante en 2018 para alinearla con el Acuerdo de París. Con esa reforma, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) quedó incorporada como el instrumento que recoge los objetivos de México en mitigación y adaptación.
La LGCC provee el marco legal que coordina las acciones de los distintos niveles de gobierno en materia de cambio climático. Entre sus elementos principales destacan:
La rectora de su aplicación es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el apoyo técnico del INECC.
La LGCC obliga al Estado a fijar metas de reducción de emisiones y a actualizarlas periódicamente a través de la NDC. Los hitos más relevantes son:
Estas metas se traducen en políticas concretas a través del PECC y de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La LGCC promueve el uso de energías limpias, la eficiencia energética y la transición hacia modelos de producción más sustentables en sectores como el energético, industrial, transporte y agropecuario.
Reconoce que los efectos del cambio climático ya están ocurriendo e impulsa medidas para reducir la vulnerabilidad de ecosistemas y comunidades, como la conservación de bosques, la protección de cuencas y los sistemas de alerta temprana.
Establece mecanismos de coordinación entre secretarías y órdenes de gobierno, y obliga a presentar informes periódicos sobre avances, fomentando la participación de la sociedad civil y el sector privado.
La LGCC alcanza a todos los sectores de la economía. Para las empresas, sus efectos más directos llegan a través del Registro Nacional de Emisiones, que obliga a ciertos establecimientos a reportar sus emisiones, y del Sistema de Comercio de Emisiones. Conocer la ley y las metas de la NDC ayuda a las organizaciones a anticipar obligaciones, gestionar su huella de carbono y aprovechar oportunidades como los créditos de carbono.
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La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), publicada en 2018, regula el manejo, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de México. La aplica la CONAFOR junto con la SEMARNAT.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), de 1988, es la ley marco ambiental de México. De ella derivan instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ecológico, las NOM y las áreas naturales protegidas.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es el documento que se presenta ante la SEMARNAT para evaluar los impactos ambientales de un proyecto antes de autorizarlo. Es el instrumento central de la evaluación de impacto ambiental en México.