La Taxonomía de la UE es el sistema de clasificación con el que la Unión Europea define qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles. Establecida por el Reglamento (UE) 2020/852, funciona como un "diccionario" común que empresas, inversores y autoridades utilizan para hablar de sostenibilidad con los mismos criterios.
Su finalidad es orientar el capital hacia actividades verdaderamente sostenibles, aumentar la transparencia y evitar el greenwashing, es decir, que una actividad parezca más ecológica de lo que realmente es.
La Taxonomía se estructura en torno a seis objetivos medioambientales:
Para considerarse alineada con la Taxonomía, una actividad económica debe cumplir simultáneamente tres condiciones:
En 2025 y 2026 la UE revisó a fondo el marco de finanzas sostenibles para reducir la carga administrativa. En lo que afecta a la Taxonomía, el cambio más importante es el acto delegado de simplificación que modifica las obligaciones de divulgación:
Además, el paquete Omnibus I (Directiva (UE) 2026/470) redujo el universo de empresas obligadas a informar bajo la CSRD y, por tanto, sobre la Taxonomía: a partir del ejercicio 2027 el reporte se concentra en empresas con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de facturación.
La Taxonomía y la huella de carbono están estrechamente ligadas: para demostrar que una actividad contribuye a la mitigación del cambio climático, la empresa necesita datos fiables de emisiones. Medir y reducir la huella de carbono es, por tanto, un paso previo para poder clasificar actividades como sostenibles y reportarlas con rigor.
La Taxonomía se complementa con el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), que obliga a las entidades financieras a informar sobre la sostenibilidad de sus productos. La Taxonomía aporta los criterios técnicos para determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles, en línea también con marcos como la sostenibilidad en el desarrollo de productos.
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